Betti Caffaratti nació el 23 de abril de 1947 en San Marcos Sud, una localidad situada a 220 kilómetros de la capital provincial. Allí pasó su infancia y adolescencia hasta 1967, cuando decidió trasladarse a Córdoba para estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba. 

En una primera instancia se anotó en Ciencias Económicas. Tras un año de cursado cambió de rumbo y optó por Derecho. El 1° de marzo de 1975, antes de recibir su diploma, comenzó su carrera dentro del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba (TCP). Su primer cargo fue administrativo. Sin embargo, le quedaba poco para finalizar sus estudios y el 27 de julio de 1976 se recibió de abogada. 

A partir de ese momento, se desempeñó como técnica y profesional en diferentes niveles hasta el 10 de julio de 1987. Ese día, con reparos y críticas, fue designada subdirectora de Fiscalización Legal.

Si bien se trató de una suplencia, fue todo un hito. Por primera vez desde 1923, año en el que se fundó el TCP, una mujer fue designada en un cargo jerárquico. Debieron pasar 64 años para que esto ocurriera. Hasta ese momento, todos los puestos y, consecuentemente, todas las decisiones, fueron asignados a hombres. Su nombramiento rompió con un ciclo que impidió, por un gran período de tiempo, el acceso de altos cargos a las mujeres del TCP.

Ese mismo año la suplencia se transformó en titularidad. Dos años después, el 17 de enero de 1989, la historia se repitió, pero con el cargo de directora. Le encargaron una suplencia que duró hasta 1992. En ese período se desempeñó como directora de Fiscalización Legal. Alcanzó la Prosecretaría de Fiscalización Legal, en calidad de suplente, en enero de 1992. Finalmente, tras casi 27 años de servicio, se retiró.

Contar su historia y su paso por el TCP es una forma de reflexionar, en el mes de marzo, sobre los logros alcanzados por las mujeres dentro de la administración pública. A su vez, es un aliento para quienes se enfrentan a los desafíos actuales en materia de género. Hoy el Tribunal de Cuentas atraviesa una modernización integral que no solo implica el rediseño de procedimientos y la incorporación de nuevas tecnologías. También significa, entre otras cosas, volcar la atención a los procesos de formación de sus agentes para que exista igualdad de oportunidades.