Los vocales por la Mayoría, el presidente Cr. Beltrán Corvalán y la Dra. María Fernanda Leiva, expusieron los fundamentos legales y técnicos de la no aprobación del expediente Nº 050337/2025, correspondiente a la compra de drones, software, antenas y servicios asociados por un monto de USD 7.201.418, en el marco de un proceso que presenta indicios de direccionamiento y presuntos sobreprecios.

Una de las principales observaciones realizadas se vincula con la utilización de la modalidad de contratación de “renglón único”, mediante la cual se incluyeron 29 ítems en una sola convocatoria, diseñada a medida para la única empresa oferente. Según explicaron, esta forma de contratación no solo vulnera lo establecido en el artículo 3 de la Ley Provincial de Contrataciones Nº 10.155, sino que también configura un proceso licitatorio direccionado, limitando la libre concurrencia y transparencia.

Asimismo, se advirtieron presuntos sobreprecios en distintos componentes del expediente, entre los que se destacan los drones, los servicios de capacitación y el software asociado, lo que refuerza las alertas sobre posibles irregularidades en el uso de fondos públicos.

Otro de los puntos observados fue la conformación de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Vantac SAS y Huinoil SA. Los vocales indicaron que Vantac SAS se encontraba registrada ante ARCA como prestadora de servicios de fotografía y que recién un mes antes de la licitación modificó su inscripción en dicho organismo, mientras que Huinoil SA es una empresa vinculada al sector petrolero. Estas circunstancias motivaron observaciones adicionales respecto de la idoneidad de los oferentes para este tipo de contratación y refuerzan los indicios de un proceso irregular, incompatible con los principios de legalidad, transparencia y prevención de la corrupción que rigen la contratación pública.

Como antecedente, el presidente del TCP Cr. Beltrán Corvalán recordó un expediente previo (Nº 0909-066203/2024), vinculado a la adquisición de 400 vehículos automotores equipados para la seguridad pública y ciudadana de la Provincia, tramitado mediante la Resolución Nº 185/2024 del Ministerio de Seguridad, en el cual el precio de cada unidad excedía en más de un 60% el valor de venta al público, de acuerdo con la lista de precios publicada por A.C.A.R.A. Mientras el valor de mercado de los vehículos rondaba los 19 millones de pesos, la Provincia aceptaba un precio superior a los 37 millones de pesos por unidad. Dicho expediente contó con la aprobación de la Vocalía por la Minoría y fue observado por los dos vocales por la Mayoría.