Institucional
Qué hacemos
El Tribunal de Cuentas revisa que los gastos que efectúa el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Defensor del Pueblo, se realicen en cumplimiento de las normas vigentes.
Este control lo hace en dos momentos diferentes: antes de que se efectúe el gasto (control preventivo) y después de realizado el mismo (control posteriori) ya sea mediante el proceso de rendición de cuentas o mediante auditorías a organismos del Estado y a municipios y comunas. En este último caso, el control es realizado por contadores especializados.
100 años de historia
Nuestra historia comienza en 1923. Ese año, en el marco de una gran reforma constitucional, nació el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Si bien sus principales características y atribuciones fueron reguladas en la Constitución de la Provincia de Córdoba, es en su Ley Orgánica (Ley Nº 7.630), sancionada recién en 1987, donde encontramos los detalles necesarios para entender su funcionamiento y propósito. A partir de entonces, y con el correr de los años, se produjeron numerosos cambios.
Pero justamente en el año de su centenario, en el mes de noviembre, esta ley fue reemplazada por la Ley Nº 10.930, que limita los alcances del control de gastos generales, gastos reservados, combustible, pasajes aéreos y auditorías, entre otros puntos.
A pesar de este contexto, hoy, el principal desafío que enfrentamos, es el cumplimiento de las leyes vigentes y la actualización y modernización integral del organismo: mejora de procedimientos, cambios normativos, capacitaciones y nuevas herramientas tecnológicas.
Quiénes somos
El Tribunal de Cuentas está formado por tres miembros. Son elegidos mediante el voto popular cada cuatro años en el mismo proceso electoral en el cual se renuevan las autoridades provinciales.
Dos de ellos corresponden a la lista que obtuvo la mayor cantidad de sufragios y el tercero, a la que se consagró en segunda posición.
En la actualidad, se desempeñan como vocales el Cr. Beltrán Corvalán, la Dra. Fernanda Leiva (ambos por la mayoría) y la Cra. Silvina Rivero (por la minoría).
Todos cumplen con los requisitos detallados en la Constitución Provincial: ser argentinos, abogados o contadores públicos, con diez años de ejercicio en la profesión, cinco de residencia en Córdoba y haber cumplido treinta años de edad.
